EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA LOS DESVIOS OBLIGATORIOS DE CAMIONES A LAS AUTOPISTAS

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto 1023/2017 que prohibe a los camiones de cuatro ejes circular por las carreteras generales N-232 y N-124 de la comunidad autónoma de la Rioja, y obligaba a estos vehículos a circular por la autopista de peaje AP-68, al considerar que dicha medida carece de cobertura legal tanto en la fecha como en la justificación de su adopción. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso estima el recurso que presentó Grupo Logístico Arnedo, por no haberse acreditado la congestión del tráfico, la contaminación acústica y la siniestralidad alegadas en el decreto que aprobó las bonificaciones de peajes a vehículos pesados en el tramo Zambrana-Tudela.

Los desvíos seguirán en vigor mientras no se pronuncie sobre el fondo del asunto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirime las impugnaciones presentadas por las asociaciones de transportistas. No así las bonificaciones de los peajes, que deberán desaparecer cuando la sentencia se publique en el BOE, hecho que previsiblemente sucederá en cuestión de días o semanas.

En 2017, la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria Autopista Vasco-Aragonesa SA (Avasa) acordaron que los vehículos pesados tendrían que circular obligatoriamente por la AP-68, en aras de mejorar la funcionalidad, la seguridad del corredor viario y para descongestionar el tráfico de la N-232 y N-124. Arnedo recurrió el real decreto firmado por el entonces ministro Íñigo de la Serna alegando el perjuicio económico que sufría al tener sus camiones que transitar obligatoriamente por la AP-68 todos los días del año.

En línea con la empresa recurrente, el tribunal argumenta en su sentencia la falta de justificación de la disposición impugnada. Los jueces explican que la contaminación acústica, la congestión y la siniestralidad no son suficientes por sí mismas para acordar los desvíos obligatorios de camiones a las autopistas de peaje, ya que “bajo la aparente notoriedad, podría determinar la aplicación de tales medidas en todas las vías convencionales sin justificación de las circunstancias concretas”.

La sala recuerda que el uso obligatorio de una autopista de peaje implica “una restricción a la libre circulación de un determinado grupo de vehículos a los que se impone un gravamen como es el citado uso obligatorio, aunque fuere subvencionado parcialmente por las administraciones”. Así, “tal exigencia debe estar justificada en los pertinentes estudios que acrediten que las medidas acordadas son las más adecuadas al fin buscado”.

Después de analizar el expediente administrativo, la Sala concluye que “se encuentra huérfano de justificación tanto en lo que se refiere a la congestión del tráfico como a la contaminación. Ambos datos quizás obren en poder de los correspondientes ministerios, Interior y Fomento, que han alcanzado tal conclusión asertiva, mas no en el expediente administrativo”. La Sala indica que el entorpecimiento del tráfico por acumulación de vehículos, por muy desagradable que sea para los conductores no es igual, al concepto alta siniestralidad en la carretera que hace mención a los accidentes de tráfico y subsiguientes resultados letales, lesivos para las personas. La sala aprecia discordancia entre la justificación en la memoria y lo reflejado en el real decreto en materia de congestión de tráfico y siniestralidad.

Los magistrados entienden que a diferencia del caso analizado, en determinadas carreteras de países de nuestro entorno son notorias la existencia de limitaciones, prohibiciones de circulación a vehículos pesados, “si bien las mismas tienen su razón de ser generalmente en actuaciones puntuales y concretas que restringen el acceso en fechas vacacionales, fines de semana, etc.”.

Finalmente, el Tribunal añade que la medida carecía de cobertura legal en la fecha de su adopción. No se puede aplicar con carácter retroactivo la modificación de la ley de Carreteras y concretamente el artículo único 2 del real decreto- ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que permite, por razones de seguridad vial o medioambientales, el desvío obligatorio de vehículos pesados en determinadas carreteras.

Fuente:elvigia


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