Entre ellas se encuentran medidas especiales para implantar en 2011, centradas en mejorar la formación y educación de los conductores, la atención a la velocidad como factor de riesgo, desplazamientos en zona urbana o incorporar la cultura de la seguridad vial en las empresas, entre otras.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 ha permitido reducir a la mitad, en seis años, el número de fallecidos en accidente de tráfico. Para dar continuidad a esta política, el Consejo Superior de Seguridad Vial aprobó el pasado 23 de noviembre de 2010 la Estrategia de Seguridad Vial para el período 2011-2020, que comprende todas aquellas medidas que van a seguir impulsando y mejorando la actual política de Seguridad Vial con la que se ha conseguido evitar en el periodo 2003-2010 la muerte de 10.000 personas.

Líneas básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020 El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la aprobación de las líneas básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020, encaminadas a cumplir la recomendación de la Comisión Europea de reducir a la mitad el número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión Europea para 2020.

Para conseguir este objetivo se han establecido las siguientes actuaciones:

- Alcanzar la tasa de 37 fallecidos por millón de habitantes (actualmente la tasa es de 59 fallecidos)
- Reducir a cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil
- Reducir en un 30% los fallecidos por atropello por salida de la vía en carretera convencional o en accidente “in itinere”
- Reducir en un  25%  los conductores de 18 a 24 años fallecidos y heridos graves en fin de semana, en un  20% los fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas y en un 10%  los  fallecidos mayores de 64 años.
- Bajar del 1% los positivos de alcoholemia en los controles preventivos aleatorios
- Reducir un 50% el porcentaje de vehículos ligeros que superan el límite de velocidad en más de 20 km/h
- Lograr un millón de ciclistas más en desplazamientos habituales sin que se incremente su tasa de mortalidad.
- Todos estos indicadores serán revisados y todas las medidas actualizadas en el año 2015.
 

Las áreas de actuación de las líneas básicas de la política de seguridad vial 2011-2020 serán  las siguientes:

1º)  Educación y formación de los usuarios de las vías

2º)  Comunicación para formar una sociedad concienciada

3º)  Norma y su cumplimiento

4º)  Salud y seguridad vial mediante la  identificación de situaciones de riesgo  como el alcohol y las drogas

5º) Seguridad en el vehículo incorporando nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva

6º)  Infraestructura para disponer de carreteras bien diseñadas y conservadas

7º)  Zona urbana

8º)  Empresa y transporte profesional

9º)  Atención a las víctimas, su protección y apoyo, así como a sus familiares

10º)  Investigación y gestión del conocimiento más preciso de la causalidad de los accidentes y de la efectividad de las medidas adoptadas

11º) Coordinación y participación de todas las Administraciones con competencias, consolidando  un mecanismo de coordinación dinámico y eficaz basado en el compromiso de los agentes implicados que constituye un reto fundamental en esta  nueva Estrategia.

Medidas Especiales para 2011

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas especiales en materia de seguridad vial que se consideran prioritarias para el año 2011. Los objetivos que se persiguen con estas medidas son los siguientes:

1º) Mejorar la educación y  la formación de los conductores: estudiar la regulación de la conducción acompañada de una persona de acreditada experiencia como forma alternativa de realizar las prácticas necesarias para acceder al examen práctico para la obtención del  permiso de conducir; y elaborar, promover y divulgar la “Guía sobre el Camino Escolar Seguro” resultado del estudio para la mejora de la seguridad en los desplazamientos.

2º) Mayor atención a la velocidad como factor de riesgo: realizar campañas específicas de vigilancia y control de la velocidad como factor de riesgo, instalar 100 nuevos puntos fijos de control de velocidad en las carreteras españolas  y  realizar una campaña informativa sobre el correcto uso del limitador de velocidad en los vehículos y sus ventajas.

3º) Mejorar el conocimiento y la seguridad del parque de vehículos: ampliar los datos del Registro de Vehículos para disponer de más y mejor información   mediante el paso de la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos de formato papel a formato electrónico, elaborar el barómetro de la seguridad del parque de vehículos, poner a disposición del ciudadano el historial del vehículo y promover la colocación de bandas reflectantes en el contorno de la caja de los vehículos pesados dedicados al transporte de mercancías.

4º) Mayor seguridad en las infraestructuras viales: transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2008/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. Además, elaborar la instrucción sobre la señalización horizontal de la distancia de seguridad y proceder a su implementación selectiva y promover el desarrollo de criterios técnicos para evitar o reducir el riesgo de colisión frontal en carreteras convencionales y su ejecución en tramos piloto.

5º) Mejorar la seguridad en los desplazamientos en zona urbana: difundir el Libro Verde sobre Movilidad Urbana y el Programa de Acción Europeo sobre Movilidad Urbana, reformar el Reglamento General de Circulación para ordenar los desplazamientos en bicicleta en la ciudad, publicar una Guía para Establecimiento de Zonas con límites de velocidad adecuados a las zonas urbanas y  otra de Mejores Prácticas para la seguridad de los desplazamientos en moto en las ciudades y favorecer las iniciativas para mejorar la seguridad vial en el ámbito urbano.

6º) Incorporar la cultura de la seguridad vial en las empresas: incorporar la prevención de los accidentes de tráfico en los programas de formación sobre prevención de riesgos laborales para trabajadores y empresarios, promover la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas y  Buenas Prácticas para la Seguridad Vial en las Empresas Españolas (se favorecerá la mejora de la seguridad vial en los desplazamientos relacionado con el trabajo).

7º) Mejorar la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico: estudiar un nuevo baremo de indemnizaciones para las víctimas de los accidentes de tráfico y favorecer el intercambio de las mejoras prácticas en la Atención Sanitaria en los Accidentes de Tráfico.

8º) Mejorar la información sobre los accidentes de tráfico: regular de nuevo la ficha de los accidentes de tráfico y los procesos de transmisión de datos.

Fuente: Travesía

El precio de la gasolina sube un 20% en 2010, y ya representa más del 30% del coste total de la flota. Ante esta situación el 47% de las empresas españolas está implantando medidas para reducir el consumo de carburante y optimizar los gastos de movilidad de sus empleados.

Se aprecia cómo el elevado precio de los combustibles y la previsión de nuevas subidas debido al encarecimiento del petróleo -el barril de Brent podría alcanzar los 100 dólares en enero- obliga a las empresas a tratar de establecer medidas de ahorro en relación a sus flotas, que constituyen ya uno de sus capítulos más gravosos, tras los recursos humanos y la informática.

El estudio muestra que las grandes corporaciones son más conscientes que las pymes de los beneficios que ejerce el control del consumo de combustible sobre sus cuentas de resultados, máxime cuando esta partida representa ya cerca del 30% del coste total de la flota.

La filial de BNP Paribas revela que las compañías españolas han optado mayoritariamente (43%) por dotar a sus empleados de una tarjeta de pago (tarjeta de combustible) con el fin de que se ajusten a una cantidad determinada para los gastos de peajes y repostaje, simplificando al máximo el control presupuestario en este capítulo. Además, esta tarjeta permite el ahorro de costes gracias a los descuentos que aplican las estaciones de servicio a los usuarios de esta fórmula, y facilita también a la empresa la recuperación del IVA del carburante.

La segunda medida más valorada por parte de las compañías españolas para reducir el consumo de carburante son las herramientas de control sobre el CO2 arrojado por su flota, conscientes de que un excesivo nivel de emisiones puede reflejar un estado anormal del vehículo. De esta forma, el 41% de las empresas españolas contrata la elaboración de informes que detallen las cantidades de dióxido de carbono emitidas por sus vehículos corporativos.
Por su parte, el 38% de las compañías españolas -frente al 47% de las europeas- opta por incorporar a sus coches de empresa sistemas de navegación, con el fin de optimizar las rutas diarias de sus empleados, lo que les permitirá reducir el consumo al ahorrar tiempo en sus desplazamientos.

Por otro lado y teniendo en cuenta que más de la mitad de los gastos de la flota dependen del uso que los conductores hagan de los vehículos, una tercera parte de las compañías (33%) opta por hacer un seguimiento de la forma de conducir de sus empleados, con la idea de corregir conductas inadecuadas al volante que generen gastos del todo innecesarios (reparación, seguros, etc.).

Por último, el 28% de las compañías españolas apuesta por la adopción de soluciones menos “severas”, que transmitan una mayor grado de confianza en sus trabajadores como, por ejemplo, la transmisión de la información a bordo, inluyendo el kilometraje, de manera que sea él como emisor quien traslade directamente la información a su empresa sin la percepción de un “control externo”.

El Observador del Vehículo de Empresa (CVO) es una plataforma fundada en el año 2003 con el objetivo de servir de foro experto e internacional para el intercambio de información entre todos los profesionales de la gestión de flotas de vehículos. Actualmente, este barómetro del sector está presente en catorce países, centrando su actividad en las últimas tendencias de la gestión de flotas, el impacto medioambiental de los vehículos, entre otras materias. En esta última edición se incluye nuevamente un capítulo específico sobre los efectos de la crisis sobre el mercado de flotas y se analizan nuevos aspectos tales como la libertad de los usuarios en la elección del vehículo, el impacto de los incentivos públicos en la renovación de las flotas o el interés de las compañías por servicios adicionales, tales como los sitemas de navegación, la geolocalización remota, informes de consumo de combustible y emisiones, etc.