Con esta modificación se insta a las entidades financieras de crédito que hayan solicitado inscripciones de limitaciones de disposición en contratos de venta a plazos, o de préstamos destinados a facilitar su adquisición, a que en un plazo no superior a sesenta días, sean ellas las que soliciten, de oficio, la cancelación de dichas limitaciones en el Registro correspondiente, una vez se haya producido el pago de cuotas.

Cuando un ciudadano adquiere un vehículo nuevo y lo hace de manera financiada, -hasta el 70 por 100 de la compra de vehículos nuevos se hace de una manera financiada, según la Asociación de Entidades de Financiación de Crédito- se establece una limitación de disposición sobre el vehículo que los Registros Mercantiles comunican al Registro de Vehículos de la DGT y que impide realizar cualquier cambio de titularidad o transferencia del vehículo en tanto esta limitación siga existiendo.

Finalizado el pago de las cuotas, el titular del vehículo que quiere cambiarlo de titularidad o transferirlo se encuentra, en numerosas ocasiones, con que el vehículo tiene una limitación de disposición, pese a que ha  terminado el pago del crédito.

Esta situación supone para el titular del vehículo una pérdida de tiempo y de desplazamientos ya que debe acudir a la entidad financiera para buscar la carta de pago, al registro mercantil para  levantar la anotación de la limitación y de nuevo a la jefatura para  comunicarlo y poder realizar el cambio de titularidad. Todos estos trámites se darán por superados cuando entre en vigor, dentro de unos meses, la disposición que el congreso ha aprobado tramitar.

Así, el 50 por 100 de los expedientes de cambio de titularidad en el Registro se retrasan en su anotación (entre 2 y 3 meses desde que se efectúa la venta del vehículo) por no existir una comunicación directa y on line entre la entidad financiera y el Registro Mercantil.
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Este cambio se ajusta más a la realidad,  puesto que en muchas ocasiones, aunque el cambio de titularidad administrativo esté pendiente, el vehículo es utilizado por el comprador desde el momento de la venta del mismo. Además, esta situación, con los  nuevos sistemas de vigilancia y disciplina de tráfico, donde se capta la infracción y no se detiene al conductor, provoca que las notificaciones del procedimiento sancionador se dirijan con bastante frecuencia contra quien ya no es el usuario del vehículo (el vendedor).

FUENTE : TRAVESIA

Con el rechazo del PSOE y la abstención del PP, los votos a favor de los nacionalistas e Izquierda Unida no han sido suficientes. Uno de los motivos principales por los que se ha rechazado la propuesta ha sido la ausencia de una policía autonómica integral.

Durante el debate, el diputado del PSOE en la Cámara Baja Juan Carlos Corcuera ha manifestado que, a pesar de compartir la preocupación por la siniestralidad en las carreteras gallegas, “la transferencia sólo puede hacerse de forma excepcional”. En este sentido, ha asegurado que transferir las competencias en tráfico a Galicia no es una medida “oportuna, conveniente ni necesaria”. Así, ha recordado que el cuerpo de policía “no ha sido creado” y que la siniestralidad, con la gestión actual, “ha seguido el mismo descenso que en el resto de España”.

También se ha alegado que la transferencia tendría un coste aproximado de entre 70 y 100 millones de euros anuales.

Los diputados Quintana (BNG), Xaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Pedro Puy (PP) defendieron la propuesta ante el Congreso, destacando la extensa red de carreteras de que dispone Galicia y sus peculiaridades.

Fuente: Travesía

El secretario general de Asintra, Rafael Barbadillo, aportó algunos datos del Sector. Destacó que éste se compone de más de 60.000 vehículos, 108.000 empleados, 550 millones de euros al año destinados a renovación de flota, más de 3.700 millones de facturación anual y una mínima incidencia en la siniestralidad vial interurbana, del 0,035 por 100 en el escolar y del 0,4 por 100 en el conjunto. Esto da muestra de la seguridad de este modo, refrendada por la propia opinión de los usuarios, que califican a la seguridad durante el trayecto como el aspecto mejor valorado del servicio (con un 7,42 sobre 10).

Barbadillo hizo referencia al plan de formación de Asintra, que entre 2001 y 2009 ha llevado a cabo 1.200 acciones formativas, para más de 21.000 conductores, superando las 31.000 horas lectivas. Con respecto al CAP, destacó que “la formación continua se impartirá a unos 18.000 conductores/año, para lo que se necesitan más de seis millones de euros. El Sector tendrá que aportar”. Pero también indicó que la formación al usuario es básica, así como la implantación de carriles bus-vao, mejorar el apoyo a la renovación de flotas, los sistemas de obtención de permisos y las sanciones, la supresión de puntos negros, o la creación de paradas y áreas de descanso que piensen en el transporte de viajeros.

Agustín Hidalgo, fiscal adjunto de Sala de Seguridad Vial, intervino indicando que “el derecho penal está pensado para las conductas más graves, y que son los legisladores quienes las marcan. Nosotros sólo aplicamos la Ley. Queremos dar una mejor respuesta legal a la seguridad vial, no buscando delitos, sino persiguiendo los que quedan impunes”.

Al respecto del tacógrafo digital, Hidalgo aseguró que es muy fácil de manipular, pero difícil de detectar si no es ‘in fraganti’, aunque está tipificado en la LOTT como delito muy grave. Además de una sanción de seis puntos, quien colabora en su manipulado, el empresario si se beneficia conscientemente y los talleres que realizan las trampas, también pueden ser imputados.

Emilio Olabarría, presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, también intervino para señalar que trabajan en tres ámbitos de actuación: la necesaria reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que incluya los accidentes in itinere y los accidentes en misión; la equiparación de las normas de seguridad vial entre las vías interurbanas y las olvidadas vías urbanas (que albergan el 40 por 100 de los accidentes); y su intención de convertir la seguridad vial en una asignatura curricular a todos los efectos desde la educación primaria.

Por último, Jesús Zarzuela, gerente de la Fundación Transporte y Formación, repasó el nuevo Plan Imforte 2009-2012, añadiendo que llevan tiempo trabajando para que se formalice una titulación en FP de conductor profesional, recalcando también el portal de la Fundación se actualiza periódicamente con nuevos contenidos.

Fuente: nexotrans.com/Travesía

El diputado del PP por Valencia Ignacio Uriarte, vocal de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso, embistió con su vehículo a otro coche que estaba parado en un semáforo en rojo. Se le practicó la prueba de alcoholemia y, según fuentes judiciales, conducía con el doble de la tasa permitida. Tras darse a conocer la noticia, Uriarte ha anunciado su renuncia de la Comisión de Seguridad Vial.

Según ha relatado Uriarte a Efe, los hechos ocurrieron cuando el coche que conducía se vio implicado en una colisión “leve” con otro turismo en el centro de Madrid. Los dos conductores salieron ilesos. Cuando estaban cumplimentando los papeles del seguro pasó una patrulla de la Policía Municipal. Los agentes practicaron el control de alcoholemia a los dos implicados y Uriarte dio positivo. Presentaba un nivel de 0,52 y 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, según fuentes judiciales.

Los agentes procedieron a acusarle de “un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir ebrio”, según publica El País. Sin embargo, el Código Penal considera delito conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos. A partir de una tasa de 0,60 se imputa siempre, de forma automática, pero por debajo de esos niveles depende de las circunstancias: si presenta “signos de embriaguez” y, “con más razón, si se ha producido un accidente”, como es el caso.

Al trascender que estaba citado en un juicio rápido, el PP ha informado en un breve comunicado de la decisión de Uriarte de abandonar la comisión. Uriarte, según consta en el comunicado, “lamenta y reconoce los hechos acontecidos” el pasado viernes, considera que se trata de un “error humano” y “asume su responsabilidad” pidiendo a la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que le destituya como vocal en la Comisión de Seguridad Vial.