Desde que el subdirector general de la DGT, Federico Fernández, hablara de la posibilidad del pago por uso de carreteras, son muchas las opiniones que se han alzado a favor y en contra de esta medida. Pere Navarro, director general de la DGT, ha desmentido que se estuviera estudiando su implantación.

Esta semana saltó a los medios de comunicación la noticia de que se estaba estudiando el pago por uso de carreteras, después de que el subdirector general de Tráfico y Movilidad de la DGT, Federico Fernández, señalara que “en estos momentos de crisis seguramente no se podrán construir muchas más infraestructuras”, centrando su discurso en la necesidad de mejorar la gestión de las carreteras, algo que pasaba por pagar por su uso.

Ante la polémica suscitada, el director de Tráfico, Pere Navarro, ha desmentido “rotundamente” que la DGT “haya estudiado, esté estudiando o estudie en un futuro” la propuesta de pago por uso de carreteras. “No hay ningún estudio sobre el pago por el uso ni lo ha habido”, reiteró en dos ocasiones. Añadió que, entre otros motivos, la DGT no ha analizado esta posibilidad porque “no tenemos carreteras”. “Nosotros nos dedicamos a gestionarlas, pero eso no es de nuestra competencia”, señaló.

Diferentes posturas

Según recoge Europa Press, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, y el director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Tomás Santa Cecilia, se han mostrado en contrado de esta medida calificándola como “inviable” e “injusta”.

Por su parte, la Asociación Española de la Carretera, condiciona esta propuesta a que la recaudación se destine a mejorar la red viaria y a ofrecer una mayor calidad de servicio.

En los últimos años, las inversiones de las distintas administraciones públicas en infraestructuras viarias han dotado al país de una red de carreteras que, salvo excepciones, puede definirse como de alta calidad. Somos uno de los países europeos con más kilómetros de autovías y autopistas, y hemos sido capaces de superar la estructura radial para formar una malla viaria capaz de articular nuestro territorio.

Sin embargo, todo este patrimonio que tanto ha costado construir (20.000 millones en los seis últimos años) está ahora en peligro debido a las restrictivas políticas de inversión, fruto de la crisis económica y de unos desequilibrios presupuestarios que priman el modo ferroviario -la alta velocidad fundamentalmente- frente al carretero. Y todo ello sin que se haya demostrado la rentabilidad económica ni social del AVE.

La Asociación trabaja, desde hace algún tiempo, en un modelo que cumple con la premisa de defender el derecho a la movilidad y, a la vez, permite disponer de un fondo de financiación exclusivo para la conservación y mejora de las carreteras: el bono de movilidad. Este bono propone la circulación libre y gratuita de todos los vehículos privados durante los primeros 15.000 kilómetros que se recorran al año. En el caso del transporte profesional de mercancías, la gratuidad llegaría hasta los 100.000 kilómetros. Por encima de estos baremos, unos y otros deberán aportar una cuota que variará en función de unos criterios predeterminados.

Así, los “kilómetros nocturnos” serán siempre gratuitos, mientras que se pagará en las hora punta y en las carreteras que sufren mayor congestión (normalmente los accesos a las grandes urbes). En este caso, será más caro circular un lunes a las ocho de la mañana que ese mismo día a la una de la tarde. También será mayor el peaje si se transita por una vía de acceso a una gran ciudad que si se hace por una carretera de la red secundaria.

La propuesta de la AEC lleva implícita, sin ningún tipo de concesión, que la recaudación asociada al bono de movilidad se destine de forma íntegra a la carretera, a su conservación y a la mejora claramente perceptible de la calidad de servicio de la red. En la actualidad, sólo una quinta parte de la recaudación fiscal que genera este modo de transporte revierte en él.

Fuente: Travesía

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