La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) y la Federación de Concesionarios de Automóviles (Faconauto) han denunciado ante el Tribunal de Defensa de la Competencia la imposición de un baremo de materiales de pintura a las más de 20 compañías aseguradoras que conforman el Instituto de Investigación Centro Zaragoza, entre ellas Lagun Aro, Seguros Bilbao, Allianz y Mapfre. Los denunciantes entienden que estos baremos no están ajustados a la normativa legal, dado que no pueden llegar a acuerdos de precios ni de métodos de tiempos que no respetan las exigencias técnicas que marca el constructor.

La denuncia indica que los peritos tasan los daños por debajo del valor real, condicionados por las aseguradoras. Los perjudicados son los talleres de reparación y los clientes de los mismos -los asegurados de las compañías-, puesto que «es imposible para el taller y para el consumidor, cuando resultan varias piezas afectadas, desglosar el tiempo por cada operación dado el nulo rigor científico del mismo, ya que toma sus bases de cálculo de meras estimaciones parciales, e incluso, con vistas a obtener un mayor rendimiento económico del proceso de reparación de pintura de los vehículos dañados». Asimismo, señalan que este baremo ha supuesto una reducción de entre el 11% y el 25% en la rentabilidad de las reparaciones, y en menos de seis años ha pasado de tener una penetración en el mercado del 0% al 48%.

«Un baremo que no tiene ningún tipo de presencia en las relaciones entre los talleres, los peritos y las compañías aseguradoras, que tiene esta penetración en el mercado tan rápida, hace pensar que ha sido claramente impuesto», así lo expresó Juan Mª López Osa, secretario general de la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa (AEGA), ayer en rueda de prensa en San Sebastián para informar del caso. También asistieron Luis Ursúa, secretario general de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, y Mª Carmen Antúnez, tesorera de AEGA y Cetraa y miembro del comité ejecutivo de ambas entidades.

López Osa aseguró que «no se pretenden sanciones sino que exista una situación de diálogo, que haya un consenso en el que también participen los consumidores y los peritos», y puntualizó en que «el hecho de que los seguros estén fijando los precios inferiores al taller provoca que no haya un relevo generacional en el sector porque carece de rentabilidad». Igualmente, recordó que en Italia ya existe una ley que impide renunciar al derecho del usuario a elegir el taller y no acudir al que le indica su aseguradora, mientras que en España se está creando una «situación de oligopolio».

Fuente: diariovasco.com