La Conselleria de Infraestructuras deberá eliminar tres artículos de la Ley de Movilidad para evitar la cuestión de inconstitucionalidad que el Gobierno planeaba interponer contra la norma legal que entró en vigor el pasado 25 de abril. Los tres artículos de la polémica recogen las infracciones de los conductores de los servicios de transporte de viajeros (las horas de conducción, los descansos, los tacógrafos, las horas de registro…).

Según el Gobierno, la Generalitat invade competencias estatales al incluir estos preceptos en la ley autonómica, por lo que el Ministerio de Política Territorial comunicó a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat las discrepancias que mantenía al respecto.

Desde la Conselleria de Infraestructuras consideran que “ha existido un exceso de celo porque la Ley de Movilidad se limitó a reproducir lo que decía la normativa estatal sobre los descansos de los conductores y las infracciones”. De todas maneras, como no se trata de artículos esenciales que no afectan al espíritu de la ley la Generalitat ha decidido prescindir de ellos. Los artículos se eliminarán o corregirán a través de la que se conoce como ley de acompañamiento de los presupuestos, que entra en vigor el 1 de enero de cada año, para especificar que en materia de infracciones y descansos “se estará a lo dispuesto en la normativa estatal”, según explican desde la Conselleria de Infraestructuras.

La normativa estatal a la que se refiere, y que la ley autonómica no puede suplantar es el reglamento de la Ley de Transportes Terrestres. La ley 6/2011 de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana se publicó en el DOCV el pasado 5 de abril y entró en vigor 20 días después de esta fecha, según establece la norma, que fue aprobada en las Corts con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, según la agencia Efe. Si el Gobierno quería presentar el recurso de inconstitucionalidad debía hacerlo dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, ampliable a nueve meses tras la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación (como se hizo el 10 de junio entre Chaves y Rambla) para evitar el recurso.

Fuente: periodico.com

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